lunes, 1 de julio de 2013

Soraya, la CORA y el Centralismo

Soraya Sáenz de Santamaría no es una genovesa de ultima generación, hay quien dice que carece del componente ideológico. Es una persona voluntariosa, estudiosa y me atrevo a creer que la única persona de total confianza de Rajoy. En 1999 aprueba las oposiciones y entra a formar parte de un club de funcionarios que goza de un cierto sentido corporativo, ingresa en el cuerpo de Abogados del Estado.
Ella es la responsable y coordinadora del Proyecto de reforma de las Administraciones Públicas.
Tres días ha durado la presentación del Informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) y en él ha participado el mismísimo presidente del Gobierno. El proyecto lo ha calificado la Vicepresidenta como personal, como un 'parto sietemesino' y en él ha puesto todo su empeño.
El Informe en el que se basará la 'Obra' de Soraya es un ideario de la corriente “neoempresarial” de la gestión pública. Adopta el lenguaje y los conceptos del sector privado: economía de escalas, competitividad, PIB, gasto, sostenibilidad o déficit. Y por supuesto conlleva una carga ideológica importante de adelgazamiento del Estado en beneficio de la empresa y el sector privado; sobre todo de las grandes empresas. Dentro de las 217 medidas se encuentra, por ejemplo, la centralización al máximo de las compras y los contratos de servicios, medida que también está incluida en la ARSAL. Esto supondrá, por ejemplo, que medianas y pequeñas empresas no puedan optar al contrato para suministros y servicios con las Administraciones, tampoco en pequeños municipios o ciudades.
Dentro de los numerosos datos de macroeconomía que nos brinda el Informe se reconoce que el gasto público de nuestro país (43,4%Pib) está muy por debajo de los países de la zona Euro y a bastante distancia de Alemania o Francia. También se reconoce la pérdida de empleo público que se ha sufrido, 375.000 puestos públicos desde 2011 lo que ha supuesto un 11% de caída, 4 puntos por encima de la pérdida de empleo en el sector privado. De todo esto concluye el informe que el Sector Público español es mucho más reducido que la media europea. Y esto conlleva un menor gasto social. Las Reformas pretenden ahorrar 37.700 millones de € hasta 2015. Recortes, recortes, recortes.
¿Entonces, qué mueve a reducir aún más el Estado? En el fondo de las más de 200 medidas se deja entrever una vuelta histórica al centralismo administrativo. Por ejemplo, una nueva Ley de Régimen Jurídico pondrá en orden el Sector Público de todo el estado y se señalan una serie de medidas y criterios que deberán ser filtro y de necesario cumplimiento para la creación, por parte de cualquier administración, de nuevos entes públicos.mejor funcionalidad de las competencias.

Vuelta a la era preconstitucional y un choque más que evidente de autonomía y competencias entre Gobiernos, autonomías y Administración Central. Se señala la existencia de duplicidades en las competencias olvidando que estas están ya detalladas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. No es lo mismo competencia que prestación del servicio o gestión. Si de verdad se busca la eficacia, la eficiencia y la “excelencia” se olvidan de hablar de cooperación, coordinación y lealtad entre administraciones. La solución quizás esté en una
Un único sentido economicista de la Administración y del Servicio Público está en la base del paquete de medidas. Algunas coherentes, mejorar la herramienta informática del BOE o una no menor como es poner orden al despropósito normativo que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Pero en esto, iniciativas privadas le han tomado la delantera y son el material que manejamos. Se anuncian muchas nuevas leyes para hacer más ágil y barata la administración. Es sorprendente las soluciones milagrosas que a estas alturas aparecen otra vez como grandes remedios la ventanilla única ( desde los años 90 del siglo pasado) la factura electrónica (casi una década) u otras herramientas tecnológicas sin duda muy útiles pero que no van a cambiar nada por sí solas. A varias de estas se les puede considerar como simples facilitadoras administrativas (Ley de la factura electrónica) pero otras de las medidas están cargadas de un vaciamiento de competencias, servicios y funciones destinados a la ciudadanía como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Cuando hace referencia a la reducción del empleo, trata de tranquilizarnos señalando sólo pérdida en el “aparato administrativo”(previsión 500.000 empleos que se perderán) Porque lo demás entienden que son Servicios esenciales. Algo de cinismo no le falta a eta afirmación y además ¿Qué entienden, por ejemplo de los Servicios de Empleo?
En 2011 Comisiones Obreras editó la “Iniciativa para el fortalecimiento del Estado del Bienestar y la calidad de los servicios públicos”. No se pueden separar los conceptos Administración con Servicios y Estado del Bienestar. No desde el modelo Social Europeo. Para unos la administración es una ciencia, para otros es una organización de medios, pero al Gobierno se le olvida que es la herramienta para el Servicio Público, que da respuesta a las necesidades sociales y crea las condiciones básicas de igualdad territorial.
Se considera al gasto público como falso culpable, cuando lo que se debe reforzar es el capítulo de ingresos. Los ingresos caen y las políticas piden recortar más los gastos, cuando hay partidas que debido precisamente a esas medidas, aumentan cada vez más como las prestaciones por desempleo.
Instrumentos financieros indirectos, iniciativa privada de financiación son eufemismos de Privatización. Intereses lucrativos en la gestión de los derechos sociales.
Frente a esto optamos por ordenación e impulso de la gestión pública, una carta de servicios a la ciudadanía, política fiscal progresiva, una nueva orientación de la financiación de las administraciones, dotación presupuestaria suficiente, adecuación a los cambios sociales, consolidación y mejora del estado del bienestar, impulso de los servicios de interés económico general, descentralización de la gestión para dar cumplimiento al mandato constitucional y proximidad.
 Administrar: del latín "ad-ministrare","ad" (ir, hacia) y "ministrare" ("servir", "cuidar")
@Enelreves